La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas hicieron este martes un duro pronunciamiento sobre la situación en el país: “instamos al Gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”.
“El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad. El Gobierno debe tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”, aseguraron en un comunicado estos seis expertos y condenaron el asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres Arévalo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 22 de abril cerca de un campamento de las Fuerzas Armadas en Santander.
Este asesinato “es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final, que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia», agregaron los expertos.
Dimar Torres Arévalo es un exintegrante de la guerrilla de las Farc, que fue asesinado por un miembro del Ejército cuando se movilizaba por la zona rural de Convención (Norte de Santander).
Archivo Particular
“Según las denuncias recibidas, integrantes de la comunidad de Torres Arévalo dijeron que, al ser consultados, los soldados del Batallón de Operaciones Terrestres n. ° 11 de la II División negaron conocer su paradero. Posteriormente, se encontraron cerca del lugar tres palas y una fosa recién cavada, presuntamente con la intención de ocultar el cadáver”, informaron los expertos, por lo que no solo condenaron el asesinato del excombatiente, sino también el intento de desaparición forzada del que fue víctima.
«Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e imparcialidad», añadieron. De igual manera, pidieron investigar otros posibles actos de agresión, intimidación, hostigamiento o represalias por parte tanto de las fuerzas armadas como de grupos irregulares.
Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de conformidad con las normas internacionales.
Los expertos internacionales señalaron, así mismo, que ignorar las garantías acordadas para los excombatientes aumenta la posibilidad de que abandonen el proceso de reinserción y de que se unan a grupos disidentes para protegerse, por lo que pidieron a las autoridades garantizar los derechos y libertades de las personas en proceso de reincorporación y de sus familiares.
El grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está integrado por la relatora Agnes Callamard, Bernard Duhaime, Tae-Ung Baik, Houria Es-Slami, Luciano Hazan y Henrikas Mickevičius. Estos expertos, cuyo mandato depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informaron que ya se encuentran en comunicación con las autoridades colombianas.
CARMEN LUCÍA CASTAÑO
Para EL TIEMPO
Ginebra
