A las 12:25 del mediodía (hora local) de este miércoles salió de la morgue de Bello Monte, en Caracas, la carroza fúnebre que trasladó al Cementerio del Este el cadáver del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, de 50 años de edad, quien murió el pasado 29 de junio tras ser torturado en la cárcel bajo custodia del gobierno venezolano.
Su familia, que estaba a la espera de recibir el cuerpo en días pasados, expresó su inconformidad con esta decisión a través de su abogado, Alonso Medina Roa, quien explicó que que la intención de la familia de Acosta Arévalo era sepultarlo en Maracay, estado Aragua, donde reside la mayor parte del grupo familiar.
«Yo lo maté y yo lo entierro. Algo así se puede interpretar esto”, denunció Medina Roa.
Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional, denunció este miércoles que los alrededores del Cementerio del Este se encuentran controlados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
«Hay una seguridad extrema, mucho mayor que con el caso de Óscar Pérez», indicó la parlamentaria.
Solórzano denunció en la morgue de Bello Monte que se está instaurando una práctica negativa con la entrega de cadáveres desde que ocurrió la muerte de Óscar Pérez.
“Esta terrible práctica se ha consolidado en los casos como este. Es importante destacar que no basta con que secuestren al familiar y lo torturen. No pueden enterrarlo donde quieran”, destacó la diputada.
No basta con que secuestren al familiar y lo torturen. No pueden enterrarlo donde quieran
La parlamentaria reiteró que a los familiares del capitán Acosta Arévalo no se les ha permitido el ingreso a la medicatura forense para hacer el reconocimiento del cuerpo.
“El hecho de que no te dejen pasar reitera la violación de los derechos humanos en Venezuela”, precisó.
A través de un video publicado en redes sociales, la viuda de Acosta Arévalo, Waleswka Pérez, denunció que la Morgue de Bello Monte, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, habría incurrido en «procedimiento ilegal» al procesar la «entrega controlada del cuerpo». «Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa», Pérez.
Sumado a esto, Solórzano informó que a los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos tampoco se les permitió ingresar a la morgue para verificar la situación.
La mañana de este miércoles, trabajadores de la morgue desalojaron a las personas que se mantenían a la espera para retirar los cadáveres de sus familiares, informó el medio local Efecto Cocuyo.
EL NACIONAL (Caracas) / GDA