El Fiscal General, Francisco Barbosa, lanzó fuertes críticas este miércoles contra los decretos firmados recientemente por el presidente Gustavo Petro bajo los cuales se suspendió la acción de la fuerza pública contra algunos criminales.
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Según el Fiscal, que dio las declaraciones desde Washington a la salida de una reunión con el Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland, y otros funcionarios del Departamento de Justicia en este país, lo que hizo Petro es el equivalente a firmar un “cese bilateral” de hostilidades contra Pablo Escobar o el Cartel de Cali.
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“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. En ese orden de ideas nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país”, aseguró el fiscal.
Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali.
De acuerdo con el Fiscal, esa es una preocupación que también comparte Estados Unidos.
“Hay una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita dentro del derecho internacional y dentro del derecho de los derechos humanos y es necesario que eso se entienda de la mejor manera. Ese decreto lo que produce, y que para mí es lo preocupante en el marco de mis competencias, es que se desarticule la política de la persecución policial en Colombia”, continuó el Fiscal.
El Fiscal hizo énfasis en que ese será uno de los temas que llevará a la mesa cuando se reúna este próximo lunes con el residente Gustavo Petro.
«Cuando se habla de lucha contra el narcotráfico no es un asunto que le competa solo al Ejecutivo, también a la Fiscalía por cuenta de la persecución criminal que hacemos y porque hoy existe el código penal y esas conductas son criminalizadas en Colombia”, sostuvo Barbosa, que regresa al país este viernes.
Barbosa dijo no conocer el proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia que el gobierno prepara para presentar al Congreso y en el que debe quedar definido el marco jurídico que gobernará la posible desmovilización de estos grupos criminales.
Reunión de los fiscales Francisco Barbosa y Merrick Garland.
Cortesía Fiscalía
Pero fue enfático en que debe tener unos límites mínimos. Entre ellos, que estas personas paguen sus penas en cárceles, entreguen sus bienes para reparar a las víctimas que exista verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición, ilegibilidad política y ningún compromiso de que no serán extraditados.
“Una cosa es un proceso de paz y otra cosa es un sometimiento a la justicia. Algo que el mismo Petro planteó cuando era representante a la Cámara en el 2006”, puntualizó el funcionario.
En términos generales, Barbosa sostuvo que Estados Unidos está “muy preocupado” por la falta de resultados en la lucha contra las drogas y la posibilidad de que Colombia termine no extraditando a delincuentes que actualmente tiene deudas con la justicia de ese país.
“Hay un apoyo indeclinable (del Departamento de Justicia de Estados Unidos) en cada uno de los propósitos que tenemos. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de tema que pueden haber fallado como se ha visto este mes, pero es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el presidente de la república para equilibrar lo que está ocurriendo para que todos podamos vivir bajo las ideas de un gobierno que ganó (las elecciones) pero también bajo el estado de derecho”, dijo Barbosa.
El funcionario judicial, que llegó a la capital estadounidense desde el martes, también tiene reuniones previstas con el Departamento del Tesoro, la Oficina para el Control de Activos (Ofac), y con la DEA entre otros.
Babosa confirmó, de paso, que entre la lista de 16 personas que le envió el gobierno con el objetivo de suspender sus órdenes de captura hay 5 que tiene pedidos de extradición vigente, cuatro de ellos de Estados Unidos y uno de otro país.
De acuerdo con Barbosa, Washington respalda la decisión que tomó de no levantar esas órdenes.
“Como lo he dicho públicamente acompañamos el proyecto de paz total y de levantar órdenes de captura como lo hicimos con el Eln, con lo que colaboramos. Pero cuando hay órdenes de captura con fines de extracción como en este caso no tenemos un marco jurídico ni constitucional para hacerlo”, dijo el Fiscal.
De acuerdo con el Fiscal, también revisaron con las contrapartes estadounidenses las cifras recientes en la lucha contra el narcotráfico, que de acuerdo con el funcionario, son lamentables.
Según el Fiscal, de 25 a 30 toneladas de coca que se incautaban mensualmente en el pasado a 3 en lo que va de enero de este año. Y algo similar está pasando con la destrucción de laboratorios para su procesamiento, que van 5 en este 2023 pero el promedio antes era de 250 a 300.
De acuerdo con el funcionario hay preocupación por la “parálisis de la Policía Nacional”.
Algo que atribuye a los dos decretos que firmó el gobierno el año pasado para suspender las operaciones policivas y militares en el territorio nacional frente a ciertos actores “en este caso grupos de narcotraficantes y violadores de derechos humanos”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
