El Estado Venezolano había solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) información sobre las víctimas del caso Venezuela I, el cual investiga crímenes de lesa humanidad. Esto había causado preocupación, pero la Sala de Asuntos Preliminares I de la Corte rechazó la solicitud.
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Venezuela alegaba que debía conocer los casos específicos para dar respuesta. En ese expediente hay más de 8.900 testimonio de víctimas, que sustentan la investigación adelantada por el fiscal de la CPI Karim Khan.
“La Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso (…) el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, señalaron los jueces en su decisión, fechada el 4 de mayo y difundida hoy.
Para los defensores de derechos humanos, el Estado –además de querer conocer los testimonios– buscaba dilatar el proceso.
ATENCIÓN 🚨
Jueces de la Corte Penal Internacional rechazan petición del gobierno de Nicolás Maduro de responder al reciente informe de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, que implicaba acceder a información confidencial de quienes denunciaron.
Los Jueces aseguran… pic.twitter.com/IHzQin8LVJ
— PROVEA (@_Provea) May 8, 2023
Con esta solicitud de Venezuela, solo tres países han pedido conocer los testimonios de las víctimas para supuestamente dar respuesta individual. Los otros dos son Filipinas y Afganistán.
Calixto Ávila, vocero en Europa del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea),explica que los jueces “han dicho esencialmente que los alegatos del gobierno fueron vagos y no los persuadieron de que se requería una respuesta”.
Con esto- prosigue Ávila- “Afirmaron que las normas de la CPI no establecen que un Estado pueda responder a un informe de potenciales víctimas en esta etapa”.
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Los manifestantes lanzaron piedras y cócteles molotov hacia el interior de la base aérea, donde el martes un grupo de uniformados se sublevó contra Maduro.
Matías Delacroix / AFP
La petición de Venezuela fue presentada el 26 de abril y el 4 de mayo los jueces respondieron, considerando que ya tienen la información necesaria y que por lo tanto la sala “procederá a analizar la situación y tomar la decisiones pertinentes que podría ocurrir en los próximos meses”, resalta Ávila.
Según los antecedentes, en el caso de Filipinas, la sala dictó una decisión en cuatro meses y en Afganistán se demoró seis meses para decidir.
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Luego de la decisión de la CPI, Venezuela tiene la posibilidad de apelar, pero eso no suspende la continuidad del proceso. “Tras esta respuesta, la Sala procederá ahora con su análisis y decisión sobre la solicitud del fiscal Karim Khan para reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad”, detalla Ávila.
Para Provea, la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro carecía de posibilidades de éxito y se trataba de una táctica dilatoria para retrasar la decisión de los jueces sobre la reanudación de la investigación Venezuela I por crímenes contra la humanidad.
En este caso la CPI investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en el año 2017 en las protestas antigubernamentales. La investigación fue impulsada luego de que seis países, entre ellos Colombia, se sumaran a las solicitudes de investigación.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
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