Transcurrido apenas su primer semestre, 2023 se ha convertido en uno de los años más represivos contra la migración en Estados Unidos.
No solo se trata de la intensa vigilancia de los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), con tecnología de guerra, y de la militarización en la línea divisoria para detener a los migrantes que cruzan de manera irregular a territorio estadounidense, sino de las políticas contra los indocumentados que ya están dentro del país. Estos, a pesar de su estatus y que, en su gran mayoría, trabajan honestamente, declaran impuestos cada año y forman parte de la maquinaria que mueve a la economía de Estados Unidos.
“Hay estados a los que los migrantes no deben acudir por su propia seguridad. Florida es el principal, pero Texas no se queda atrás”, comenta desde Los Ángeles, California, a El Universal la vocería de la Coalición de los Derechos Humanos para Inmigrantes (Chirla, por su sigla en inglés). “Estos dos estados son los que más han desarrollado políticas injustas e inhumanas contra familias y trabajadores que aportan mucho a este país”.
Hay 26 gobernadores republicanos en la Unión Americana, cada uno con su propia visión antiinmigrante, quienes son liderados por Ron DeSantis, en Florida, y Greg Abbott, en Texas.
“Los dos han radicalizado las medidas como estrategia política, primero para su reelección en 2022 y ahora, en 2023, porque los dos quieren ser candidatos republicanos para la presidencia de Estados Unidos”, declara a El Universal de México Enrique Morones, fundador de Gente Unida desde California. “Son una muy mala copia de Trump”, agrega.
Morones, quien también fundó y dirigió Ángeles de la Frontera, recordó la manera inhumana y fraudulenta con que, en 2022, Abbott y DeSantis trasladaron por tierra y aire, a través de mentiras, a migrantes hacia California, Washington y Nueva York. De Santis volvió a hacerlo recientemente con dos vuelos el 2 y 5 de junio.
“Eso no se hace. Parece como si estuvieran moviendo a esclavos como en los siglos pasados. Es totalmente discriminatorio y humillante”, afirma.
De acuerdo con información de los gobiernos de Texas y Florida, ambos gobernantes cuentan cada año con recursos autorizados para seguir sacando migrantes sin documentos de sus estados con rumbo a ciudades de demócratas.
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El 1.º de julio entra en vigor la ley HB1718 de Florida, considerada la más antiinmigrante jamás firmada por algún gobernante en la Unión Americana.
Entre sus medidas más drásticas está no otorgar licencias de conducción a indocumentados ni reconocerles las expedidas en otros estados; considerar criminal a quien transporte a Florida a algún indocumentado; obligar a clínicas y hospitales a pedir el estatus legal de sus pacientes y reportarlos al estado, así como a la aplicación del sistema E-Verify a empresas con 25 o más trabajadores para detectar si son indocumentados y reportarlos.
La firma de esta ley “habla muy mal del espíritu de libertad y democracia de este estado para los habitantes de Florida”, dice el vocero de Chirla. “Hemos hecho un llamado conjunto con otras organizaciones hermanas para advertir a los migrantes en general que Florida no es un buen lugar para vivir”, remarca.
El pasado 27 de mayo, migrantes de distintas nacionalidades en Miami coreaban “sin nosotros no hay Florida” durante una marcha que organizaron. El 1.º de junio fue un día sin migrantes (a modo de protesta) y decenas no fueron a trabajar ni llevaron a sus hijos al colegio.
“Esto apenas comienza, nos vamos a defender de esa ley”, dijo un miembro de la Coalición de Inmigrantes de Florida. “En el pecado llevan la penitencia”, dice el vocero de la Coalición. “Lamentablemente han comenzado a irse muchos trabajadores y varias industrias ya están sintiendo la falta de empleados”.
El cónsul general de México en Miami, Jonathan Chait, implementó asesorías jurídicas para migrantes mexicanos y no mexicanos en las instalaciones del consulado, con expertos en el tema, para orientarlos respecto a lo que esta ley dice y resolver las dudas que tengan.
Mientras, la administración del presidente Joe Biden ha respondido a las presiones políticas para reforzar también la frontera y reprimir a indocumentados que intentan entrar y a los que solicitan asilo. Todo bajo la premisa de que la seguridad fronteriza es nacional.
Lo primero que hizo fue enviar 1.500 soldados a la frontera para apoyar las tareas administrativas de los agentes de CBP y que ellos fueran al terreno a reforzar la localización y detención de indocumentados. Lo siguiente fue levantar el llamado Título 42, que permitía solicitar, de manera ordenada, el proceso de asilo, aunque debían esperar del lado mexicano.
“Muchos están interpretando que el levantamiento del Título 42 es un logro; nunca entendieron que estar bajo ese ordenamiento era mejor que estar bajo el Título 8”, explica a este diario José Jordán, abogado especialista en inmigración. “Con el Título 42 te registrabas y te devolvían a México a esperar, ahora con el Título 8 te detienen, te fichan y te deportan castigado cinco años sin poder volver a Estados Unidos ni intentar algún trámite legal”, agrega el experto.
Para desalentar la llegada masiva de migrantes y mostrar una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza, el gobierno federal estadounidense estipuló una nueva regla: ya no es posible solicitar asilo en los puestos de control de entrada a la Unión Americana. Desde el 10 de mayo se considera a los migrantes que cruzan irregularmente como no aptos para solicitar asilo.
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“Esta nueva regulación dice que deben pedir asilo primero en alguno de los países que cruzaron antes de llegar a la frontera de Estados Unidos y que la única manera que hay para la solicitud de asilo ahora es a través de la aplicación CBP One, la que fue diseñada por ellos para estos fines”, explica el abogado Jordán.
El gobierno de Biden también dio a conocer que se abrirán centros de atención para migrantes en Colombia y Guatemala, para recibir las solicitudes de asilo y escuchar los casos de cada uno, desde Sudamérica y Centroamérica. “Aquellos que sean aceptados esperarán en sus lugares de origen todo el proceso y, una vez concluido, podrán viajar de manera legal”, subraya el abogado.
La CBP reportó que durante el año fiscal 2022 expulsaron del territorio estadounidense a más de dos millones de migrantes. Desde el 12 de mayo, ya sin el Título 42 en vigor, poco a poco se han reducido los cruces ilegales y detenciones: de un promedio de 10.000 detenciones diarias, actualmente la cifra es de 3.400.
EL UNIVERSAL (México) – GDA
Miami
Nuevas medidas tomadas por el gobierno federal
El gobierno de Joe Biden extendió por 18 meses el amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, revirtiendo así una decisión de su predecesor Donald Trump.
La ampliación permitirá a unos 239.000 beneficiarios salvadoreños, 76.000 hondureños, 4.000 nicaragüenses y 14.500 nepalíes registrarse de nuevo para continuar con las ventajas del TPS, que impide que sean deportados y les da permiso de trabajo.
El programa fue establecido por el Congreso para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. Pero Trump, partidario de aplicar mano dura contra la migración irregular, decidió cancelarlo durante su mandato.Su decisión quedó en suspenso debido a demandas interpuestas en los tribunales por beneficiarios del TPS.
Para cumplir con las órdenes judiciales, el gobierno de Biden extendió la validez de la documentación hasta el 30 de junio de 2024. Esta medida permite “ofrecer seguridad y protección continua” a los más de 300.000 beneficiarios actuales de estos países que “ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar a sus países”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
La extensión solo se aplicará a los hondureños y nicaragüenses que viven en Estados Unidos con ese permiso desde 1998, a los salvadoreños que lo tienen desde 2001 y a los nepalíes que lo tienen desde 2015. En diciembre, Washington había ampliado el TPS para los haitianos por 18 meses.
Los migrantes que intenten cruzar la frontera sin la documentación requerida podrán ser deportados, incluidos los de estas nacionalidades. Yanira Arias, una salvadoreña de 51 años, contó a la AFP que lleva 23 años “viviendo con esta angustia”. Al enterarse de la noticia tuvo sentimientos encontrados. “Los 18 meses me permiten alivio contra la deportación y por primera vez en cinco años enviar una solicitud para poder renovar mi estatus, esto es importantísimo”, pero “me entristece que al presidente Biden le tomó tres años para revocar los argumentos” de Trump.
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Las asociaciones de migrantes tampoco están plenamente satisfechas. “Es un anuncio positivo pero muy insuficiente. Siguen temblando de miedo cuando se trata de hacer algo bueno por los migrantes”, afirmó a la AFP Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una coalición que agrupa a 58 asociaciones de defensa de los migrantes en Estados Unidos.
“Se van siempre por lo más mínimo”, añadió Chacón, quien le reprocha a Biden que no decrete una nueva designación de TPS para los centroamericanos y de otros países, lo cual abarcaría no solo a los beneficiarios, sino a otras personas que llevan años viviendo en el país y no pudieron acceder a este estatus.
La migración será un tema delicado durante la campaña para las presidenciales de 2024, en las que podría repetirse el duelo electoral entre Biden y Trump, actualmente gran favorito para la nominación republicana. Biden se mueve en la cuerda floja en este tema. Por un lado califica de inhumana la política de Trump y propone una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de migrantes que nunca llegó a aprobarse en el Congreso. Pero, por otro, intenta frenar que entren.
En mayo puso fin a la norma sanitaria conocida como Título 42, que hacía casi imposible solicitar asilo en la frontera, y mantuvo el Título 8, que además de expulsar a los que entren sin visa o sin autorización les prohíbe entrar de nuevo durante cinco años y los expone a procesos judiciales.
Y endureció el acceso al asilo, obligando a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación (CBP One) o a acogerse a programas de reunificación familiar o a permisos humanitarios para cupos de migrantes.
EVA RODRÍGUEZ LORENZO
AFP
Washington
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