Montevideo, Uruguay – En los últimos meses, desde que la sequía y los malos manejos minaron el suministro de agua potable de la capital de mi país, el agua que sale de nuestros grifos sabe a sal y huele a químicos. Quienes podemos pagar agua embotellada la usamos para todo. Con ella cocinamos pasta, lavamos lechuga y hacemos café, comprando cada vez más recipientes de plástico para agua que terminan en el basurero.
Cuando nos bañamos en la regadera, lo hacemos rápidamente y mantenemos las ventanas abiertas, porque los compuestos de trihalometano en el vapor pueden ser cancerígenos. Las lavadoras no hacen espuma y los calentadores de agua eléctricos están fallando por una acumulación de sodio. Los lavavajillas dejan rayas saladas en vasos y platos. Cepillarse los dientes sabe como tomar un trago de agua de la piscina.
En el punto álgido de la crisis, los niveles de sodio y cloruro aumentaron al doble y al triple de los valores máximos permitidos por nuestras normas nacionales de agua potable. Hace poco visité un barrio pobre en las afueras de la ciudad, donde la gente no tenía otra opción que beber agua del grifo. La gente se quejaba de dolor de estómago y diarrea. El Gobierno advirtió que los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y las personas con alta presión, insuficiencia renal o problemas cardíacos deben limitar su consumo de agua o, en algunos casos, evitarlo por completo. El Gobierno está planeando un subsidio para que la gente pobre compre agua embotellada. Pero eso no es suficiente.
Aquí en Uruguay, el agua limpia es parte de nuestra identidad nacional. A los niños se les enseña que el país está bendecido con agua abundante y de alta calidad, gracias a muchos ríos grandes y seis acuíferos de gran tamaño. Durante la mayor parte de nuestra historia, pudimos contar con la lluvia para llenar estos ríos y acuíferos. Y en el 2004, nos convertimos en el primer país del mundo en consagrar el acceso al agua potable en la Constitución.
Pero la sequía más severa en 44 años, junto con una infraestructura envejecida y el pésimo manejo de los embalses de Santa Lucía, ha reescrito esa historia. Ahora, el área metropolitana alrededor de Montevideo, hogar de alrededor del 60 por ciento de los 3.4 millones de habitantes del país, está viviendo las consecuencias.
El río Santa Lucía, que abasteció de agua dulce a la capital durante más de 150 años, casi ha desaparecido en algunos tramos. En febrero, un embalse que hasta hace poco contenía hasta 20 mil millones de litros de agua quedó casi seco. Otro se redujo, en cierto momento, a sólo el 2 por ciento de su capacidad. A medida que las aguas dulces del Santa Lucía se han vaciado, el agua salada del Río de la Plata, un estuario del Océano Atlántico, se ha entrometido en su cauce. Nuestra planta principal de purificación de agua no tiene la tecnología para eliminar la sal, por lo que entra en nuestras tuberías, nuestras casas, nuestros cuerpos.
El Gobierno carece de un plan b para esta crisis, que podría prolongarse hasta octubre. Un Senador publicó en las redes sociales que debemos orar por lluvia.
Por mala que sea, la crisis del agua de Montevideo no es única. En el 2018, Ciudad del Cabo comenzó a hacer planes para el caos que se produciría en el escenario muy real de que podría quedarse sin agua por completo. En Brasil, que posee una fracción significativa del agua dulce del mundo, numerosas ciudades han restringido su uso. En la Ciudad de México, el 70 por ciento de la población tiene acceso al agua sólo 12 horas al día, mostró un estudio de las Naciones Unidas del 2017.
“La próxima sequía no debe sorprendernos”, dijo Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y agua potable. “Por más fuerte y larga que sea, debe haber fuentes alternativas, complementarias y suplementarias” dijo, y debe haber un plan para “establecer prioridades durante la emergencia”.
En una declaración con otros expertos, Arrojo-Agudo dijo que Uruguay “debe poner el consumo humano en primer plano, como lo indican los estándares internacionales de derechos humanos”, calificando a la demanda como “una prioridad ética”. El Gobierno discrepó con su declaración, diciendo que los niveles químicos no eran tan alarmantes como afirmaba y que se estaban tomando medidas.
¿Cómo llegamos aquí? Durante los últimos 40 años, Uruguay permitió que las industrias agrícola y minera contaminaran el Santa Lucía e interrumpieran sus ciclos naturales, dañando el suministro que siguió disminuyendo durante tres años con poca lluvia. Y pese al crecimiento demográfico y económico, nuestro país no invirtió en embalses de agua potable. Desde marzo del 2020, el Gobierno ha declarado varias emergencias para los productores agrícolas, otorgando exenciones fiscales y periodos de gracia. Pero esperó hasta el mes pasado para declarar una emergencia para el resto de la población.
Ahora el Gobierno intenta construir embalses en los afluentes y planea una planta para desalinizar agua del Río de la Plata, pero es poco probable que entre en funcionamiento en los próximos tres años. La empresa pública de agua comenzó a operar pozos nuevos en el corazón de la Ciudad, con la esperanza de cargar camiones cisterna con agua de un acuífero y distribuirla a los hospitales.
Muchos de mis vecinos también están perforando, con la esperanza de encontrar agua subterránea. La prueba de calidad del agua de un vecino indicó que el pozo contenía una bacteria llamada Pseudomonas aeruginosa, asociada con infecciones de la sangre, los pulmones y las vías urinarias.
La lluvia podría ayudar por el momento. Pero los pronósticos meteorológicos locales, el cambio climático global y el uso irresponsable de la tierra nos apuntan en la misma dirección.
Todas las ciudades del mundo deben comenzar a priorizar su agua potable ahora, mientras aún existe alguna posibilidad de tener mejores desenlaces. El agua es nuestro recurso más preciado. Mantenerlo seguro y disponible debe ser nuestra primera prioridad.
Guillermo Garat es un periodista residente en Montevideo, Uruguay. Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.
Por: Guillermo Garat
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