Son al menos 34 las personas detenidas en Venezuela solo en este 2024 acusadas de traición a la patria y terrorismo, cargos imputados por presuntamente estar involucradas en una conspiración para asesinar al presidente Nicolás Maduro; al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros funcionarios del Gobierno, según la versión oficial.
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Los últimos detenidos son la activista de derechos humanos y experta en temas militares, seguridad y defensa Rocío San Miguel y su expareja Alejandro González de Canales, un militar retirado.
San Miguel, cuya defensa no ha podido establecer comunicación directa desde que fue detenida el viernes pasado en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, se encuentra recluida en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, en la capital del país. Por su parte, González de Canales está privado en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), también en Caracas.
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La abogada venezolana Rocío San Miguel durante un foro latinoamericano.
Cabe destacar que ambos centros están señalados como recintos de torturas, según relatan quienes han estado privados de la libertad en esos calabozos.
Según el fiscal general de la República, Tarek William Saab, la aprehensión de San Miguel y su grupo familiar –cinco personas más, de las cuales cuatro fueron excarceladas bajo régimen de presentación– no representa una violación de derechos humanos y mucho menos una desaparición forzada como han denunciado su defensa y varias ONG, incluyendo a Amnistía Internacional.
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La detención se llevó “dentro de los lapsos legales y en estricto apego a la ley. Se realizó audiencia de presentación previo a una orden de aprehensión”, dijo Saab ayer durante una rueda de prensa, alegando que otros presos vinculados a los planes de conspiración contra Maduro, que supuestamente se iban a ejecutar en diciembre de 2023, señalaron a San Miguel como colaboradora del plan.
Tarek William Saab, fiscal General de Venezuela.
Cortesía Ministerio Público
“Su misión era comunicar en tiempo real las acciones terroristas que se irían desarrollando. En las extracciones telefónicas se han visto pruebas que la vinculan a las tramas, donde ella reconoce su papel de conspirar”, dijo Saab.
Por su parte, la defensa de San Miguel alertó ayer por la noche sobre el allanamiento a la vivienda de la víctima con su hija de 24 años dentro, quien fue liberada el martes pasado.
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Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la experiencia de San Miguel habla por sí sola y que las acusaciones del fiscal son falsas.
Para Claudia Carrillo, de la ONG Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), es urgente que el Gobierno “termine las acciones de intimidación y desprestigio contra los defensores”, sobre todo porque “las mujeres defensoras son las principales víctimas y la desaparición forzada es uno de los peores métodos”.
Las mujeres defensoras son las principales víctimas y la desaparición forzada es uno de los peores métodos.
Según Cofavic, con una amplia trayectoria en defensa de víctimas de desaparición, de 2018 al 2023 se han registrado 2.227 ataques contra las organizaciones y sus representantes, pero estos últimos tres años han sido los peores, incrementando las campañas de descrédito “y el uso de la desaparición forzada como mecanismo de Estado”, insistió ayer Carrillo durante una manifestación que exigía la liberación de San Miguel.
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Estas nuevas detenciones han causado un revuelo internacional, en especial por la forma en la que se ejecutaron, algunas son más mediáticas que otras, por ejemplo, en la isla de Margarita, en el norte del país, se supo de la detención del ingeniero Carlos Salazar, por grabar a Álex Saab en una tienda de un centro comercial y publicarlo en las redes, y solo este miércoles se conoció su paradero. Pero hasta el momento no hay detalles de Salazar.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países más han exigido a Nicolás Maduro no solo cumplir con el acuerdo de Barbados firmado con la oposición en octubre, sino respetar las garantías y derechos civiles, así como la liberación de los presos políticos, que hoy suman más de 270 según registros de la organización Foro Penal.
Petróleo en Venezuela.
Lo cierto es que estas decisiones arbitrarias en pleno año electoral generarán aún más tensión con Washington, que hace 15 días amenazó con reimponer las sanciones al sector energético de Venezuela a partir del 18 de abril si antes no se rehabilita la candidatura de María Corina Machado o se le impide a la oposición participar de manera libre en las elecciones de este año.
Aunque la advertencia del regreso de las sanciones va más dirigido al tema electoral, el arresto de opositores es considerado por EE. UU. como otro incumplimiento a los acuerdo en Barbados y complica las negociaciones secretas que actualmente se adelantan para buscarle una salida al impasse.
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De hecho, la semana pasada estuvo en Bogotá una delegación de EE. UU. encabezada por el asesor de Seguridad Nacional John Finner y el hasta entonces asesor del presidente Joe Biden para América Latina, Juan González, cuyo objetivo era buscar canales de entendimiento con Maduro a través de la administración de Gustavo Petro.
Reunión bilateral de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Venezuela, sábado 18 de noviembre de 2023.
Presidencia
Pero González renunció a su cargo, lo que puede pesar en los procesos de diálogo entre las administraciones de Biden y Maduro, pues el colombiano sirvió de puente para adelantar negociaciones.
Maduro ha dado varios golpes a las conversaciones. En primer lugar, cancelando los vuelos de repatriación de ciudadanos venezolanos y, por el otro lado, apretando el cerco contra sus rivales políticos y opositores.
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De acuerdo con fuentes consultadas por EL TIEMPO, lo que se está generado es una especie de choque de trenes en el que las partes están elevando las apuestas a medida que pasan los días. Sin embargo, desde la perspectiva de Estados Unidos, existe muy poco espacio para un viraje si el régimen no restituye a Machado o acepta otra alternativa que sea viable para la oposición.
Tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca han insistido a lo largo de los últimos días en que las puertas no se han cerrado y que Maduro aún tiene tiempo para cambiar de rumbo.
ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARACAS
