En un nuevo reporte publicado este miércoles, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) documenta las graves violaciones a los derechos humanos que viene cometiendo el régimen de Nicolás Maduro desde las pasadas elecciones del 28 de julio contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno.
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En el informe la organización menciona, entre otras cosas, asesinatos, detenciones, procesos penales arbitrarios y acoso que son llevados a cabo tanto por las autoridades del país como por los llamados «colectivos» afines al gobierno.
Cuestionan, de paso, la orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.
Manifestaciones en Venezuela.
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“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal. La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado
Según la organización, a la fecha han recibido reportes creíbles de por los menos 25 asesinatos en el contexto de las protestas muchos de los cuales fueron verificados de manera independiente.
«Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno. HRW analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas encontrados en diversas plataformas de redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales», dice el informe.
Guardia Nacional detiene a jóvenes por protestar en contra de Nicolás Maduro.
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HRW sostiene que la mayoría de asesinatos ocurrieron en los días 29 y 30 de julio, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido. Ocho casos se habrían presentado en el Distrito Capital, sobre todo en las parroquias populares de El Valle y Antímano.
Seis ocurrieron durante la misma protesta en San Jacinto, Maracay, estado Aragua. Los casos restantes ocurrieron en los estados de Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira, Yaracuy y Zulia.
HRW sostiene que la mayoría de asesinatos ocurrieron en los días 29 y 30 de julio, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido
“Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos», dice el informe.
También mencionan la detención de por lo menos 2.400 personas y la imputación de cientos de individuos utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
Según la organización, con frecuencia, se ha mantenido a los detenidos en régimen de incomunicación, impidiendo el contacto, durante semanas, con sus familias y abogados y a la mayoría se les ha negado el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección, incluso cuando ellos o sus familias lo solicitan explícitamente.
Ciudadanos venezolanos rechazan los resultados de las elecciones.
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Además, los jueces y los fiscales han presentado a los detenidos en audiencias virtuales, a menudo en grupos, lo que plantea problemas significativos para una administración de justicia imparcial, ya que dificulta que jueces, fiscales y defensores públicos evalúen adecuadamente las condiciones de detención o presenten pruebas y argumentos sobre cada detenido en particular, afirma HRW.
«El gobierno también ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares. Es imperativo apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela», se sostiene en el informe.
Para HRW es vital que se renueve la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por su sigla en inglés) durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se apoye la investigación en curso de la Fiscalía de la CPI y se considere «la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos».
Las recomendaciones que hace HRW sobre Venezuela
Nicolás Maduro tras comparecer ante el TSJ
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El documento, obtenido por este diario, incluye a su vez una serie de recomendaciones.
Entre ellas que los gobiernos continúen haciendo llamados públicos y privados a Nicolás Maduro para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos, incluyendo la represión de manifestantes, publique las actas de escrutinio de cada mesa electoral, permita una verificación independiente de los resultados electorales y respete la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio.
También, explorar mecanismos multilaterales y respetuosos de los derechos humanos para incentivar a los aliados internacionales de Maduro, incluyendo a Cuba, y a las empresas petroleras que operan en Venezuela para que pidan a Maduro que publique las actas de escrutinio y ermita un proceso independiente de verificación.
HRW sugiere, adicionalmente, que se impongan sanciones individuales a los miembros de las fuerzas de seguridad, “colectivos”, jueces y fiscales responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Así mismo, ampliar el acceso al refugio y a otras formas de protección internacional, de acuerdo con los estándares internacionales, para los venezolanos que se ven forzados a abandonar su país.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
