El Gobierno de EE. UU. anunció este lunes que los cubano-estadounidenses podrán demandar a más de 200 entidades de Cuba por, supuestamente, beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución cubana, pero no llegó a autorizar denuncias contra compañías extranjeras.
La acción se interpreta por algunos sectores como una forma de mensaje de retaliación hacia Cuba por su apoyo irrestricto al régimen de Nicolás Maduro.
La acción de EE. UU. tiene un gran contenido simbólico y podría elevar la hostilidad bilateral, pero no supone un revés tan fuerte como temían algunos sectores de la isla y de EE. UU.
En un comunicado, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, explicó que mantendrá suspendido durante un mes más el título III de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de EE. UU. propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución de Fidel Castro.
Sin embargo, Pompeo incluyó una excepción: a partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida como ‘lista de restricciones a Cuba’.
Esa ‘lista negra’ incluye entidades que están “bajo el control o actúan en nombre” de la inteligencia cubana, de las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad, según el Departamento de Estado.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se refirió por Twitter al anuncio estadounidense. “Rechazo enérgicamente anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de autorizar demandas, bajo título III de la ley Helms-Burton, contra lista de compañías cubanas sancionadas arbitrariamente por el gobierno de Trump. Prórroga 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza vs. el mundo”, escribió.
En el listado, actualizado por última vez en noviembre de 2018, aparecen 205 entidades que van desde instituciones como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota y establecimientos de ese grupo, como el hotel Meliá Marina Varadero.
En Cuba, muchos de los hoteles son propiedad de empresas controladas por las Fuerzas Armadas y gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como el grupo Meliá, con sede en España.
Ante esta situación, EE. UU. ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa ‘lista negra’, pero no contra las compañías europeas que participan en esa sociedad.
Cuando la norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE. UU., y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La batalla concluyó con el compromiso de EE. UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella. En 1996, la presión de terceros países frenó la aplicación del título III, pero, esta vez, la decisión de EE. UU. solo afecta a empresas cubanas, por lo que es difícil que se repita ese escenario.
REDACCIÓN INTERNACIONAL
