En un nuevo y duro informe publicado este miércoles, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) acusó al ejército y la policía del Perú de la muerte de decenas de personas y que podrían “constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”.
Así mismo, de “abusos brutales” contra manifestantes y transeúntes durante los actos de protestas que se registraron entre diciembre de 2022 y febrero de este 2023.
De paso, sostiene la organización, los aparentes esfuerzos del gobierno por minimizar los abusos y muertes generan fuertes interrogantes que apuntan a la “negligencia o complicidad” y se presentan en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdades persistentes.
El informe, que cuenta con más de 120 páginas, es el producto de unas de 140 entrevistas con testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales y periodistas al igual que con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional de Perú, el inspector general de la Policía, la fiscal de la Nación y la Defensora del Pueblo.
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Dicen, además, haber revisado más de 37 horas de video, 663 fotografías de las manifestaciones, autopsias e informes de balística, registros médicos y expedientes penales, entre otras cosas.
“Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas”, dice el reporte.
Los manifestantes piden que las elecciones se lleven a cabo en abril de 2023.
De acuerdo con César Muñoz, director asociado de la División de las Américas en HRW, “durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Dina Boluarte parece haber mirado hacia otro lado. Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
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HRW afirma que por lo menos 39 personas murieron por heridas de bala y más de 1300 resultaron heridas, entre ellos muchos miembros de la policía.
“Las investigaciones de estos homicidios -dice la ONG- deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”.
Expresidente de Perú, Pedro Castillo
El reporte también sostiene que en el Perú se viene registrando una erosión del Estado de derecho y de las instituciones democráticas en los últimos años, en parte debido a la corrupción generalizada y a un Congreso dominado por intereses personales y empeñado en eliminar los controles a su poder.
La actual crisis se desencadenó el 7 de diciembre del año pasado cuando el entonces presidente Pedro Castillo, que estaba siendo investigado por corrupción, intentó disolver el Congreso e intervenir el poder judicial, “en lo que supuso un golpe de Estado fallido. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, como lo establece la Constitución del Perú”.
HRW también usó duros términos para referirse al rol que viene jugando en esta crisis el presidente Gustavo Petro.
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“El presidente Petro ha pintado a Castillo como una víctima, haciendo caso omiso de sus acciones para intentar tomar control de los otros poderes del Estado. Sus declaraciones no ayudan en nada a promover los principios democráticos y el Estado de derecho en Perú. Los líderes democráticos deberían condenar violaciones a los derechos básicos sin importar el color del gobierno que los viola. Solo criticar a los que tienen ideología contraria y estar ciegos a las violaciones de los de ideología afín perjudica la defensa de los derechos humanos”, le dijo Muñoz a este diario.
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
Prensa Presidencia
Según HRW, además, sectores del Congreso peruano estarían tratando de eliminar los controles a su poder, incluyendo intentos para debilitar la independencia de las autoridades electorales y la Defensoría del Pueblo.
Afirman, a su vez, que han surgido nuevas acusaciones de corrupción contra la presidenta Boluarte, y decenas de miembros del Congreso están siendo investigados.
En el reporte HRW ofrece algunas recomendaciones para enfrentar la actual crisis. Entre ellas “invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis actual y las violaciones de derechos humanos”.
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Así mismo a “adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas, así como trabajar con el Congreso para asegurar una reforma de la policía, necesaria desde hace mucho tiempo, para convertirla en una fuerza más eficiente y respetuosa de la ley”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
