La Fiscalía General de la Nación debería expedir cuanto antes órdenes de captura contra los líderes de las Farc que esta semana anunciaron su retorno a la lucha armada. Esa, al menos, es la posición del gobierno del Presidente Iván Duque expresada este miércoles a través de su Alto Comisionado para Paz Miguel Ceballos.
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Ceballos, que se encuentra de gira en Washington, cree que la Fiscalía no necesita ni siquiera el aval de la Jurisdicción Especial de Paz pues Iván Márquez, Jesús Santrich y los otros miembros de las Farc que optaron por esta vía han reconocido de manera concluyente la comisión de varios delitos que son posteriores a la firma del acuerdo.
En entrevista con EL TIEMPO, Ceballos acusa al régimen de Nicolás Maduro por facilitar la presencia de estos grupos criminales en su territorio y le confirma a esta diario que tanto Márquez como Santrich viajaron recientemente desde Venezuela a Cuba con el apoyo del régimen.
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Dice, asimismo, que la conformación y la alianza de este grupo con el ELN demuestra la debilidad militar de esta facción de las Farc y reitera el compromiso indeclinable del gobierno con el cumplimiento de los acuerdos y con los miembros de esta guerrilla que han optado por permanecer en la legalidad.
¿Qué tan riesgo está el proceso de paz tras la decisión de volver a las armas que acaba de tomar una facción de las Farc?
El proceso no tiene reversa. El presidente Duque ha sido claro, no solo con palabras, sino con hechos de su voluntad de cumplirlo e implementarlo plenamente. Estas personas que hoy anuncian alzarse en armas son las mismas que estuvieron en la negociación del proceso.
Márquez, de hecho, era el jefe de la delegación en ese momento y ahora decide traicionarlo y atentar contra lo acordado. Pero las Farc mismas han expresado que la gran mayoría de los que se desmovilizaron (cerca de un 90 por ciento) siguen comprometidos. Y ese es el mensaje del Gobierno: aquellos que mantengan la voluntad de seguir en el proceso serán acompañados por todo el estado colombiano.
Aquellos que mantengan la voluntad de seguir en el proceso serán acompañados por todo el estado colombiano.
¿Por qué cree que tomaron esa decisión de volver a las armas?
En cierto sentido es coherente con la conducta que han asumido desde el principio. Márquez, Jesús Santrich, El Paisa, Romaña, todos se ausentaron de la justicia especial para la paz desde el año pasado, aún cuando el presidente Santos estaba en la presidencia. Vienen incumpliendo desde abril del 2018. Y su conducta actual confirma dos cosas.
La primeras es que las acusaciones de vínculos con el narcotráfico se confirman. No hay manera de explicar su conducta de otra manera. Quieren huir de la justicia de la justicia colombiana, de la internacional, no quieren acudir a la JEP. Una relación que le estaba haciendo mucho daño al proceso de paz.
Lo otra que se confirma es la relación que tiene esta banda con el gobierno de Nicolás Maduro. Como todo el país sabe, la jefatura del ELN se esconde en ese país y esta alianza, esta banda que han conformado ahora con estos miembros de las Farc, supone que también operarán desde el vecino país. Hay una relación directa entre ellos y Maduro, que no hace nada ni por frenar el narcotráfico ni por impedir que estos criminales busquen refugio en su país.
¿Por qué hace el nexo entre estos miembros de las Farc con el narcotráfico?
Particularmente por que entre ellos está Santrich que es requerido por la justicia de EE.UU. por narcotráfico y basa sus acusaciones, entre otras cosas, en el testimonio del sobrino del mismo Márquez. Quienes están entre este nuevo grupo hay personas que han tenido relación directa con el narcotráfico.
¿No le preocupe que este nuevo grupo intente sabotear el proceso de paz y/o hasta atenten contra la vida de los integrantes de las Farc que han decidido permanecer en la legalidad?
Hay una gran preocupación por que esta minoría intente atentar contra el proceso y afectar a aquellos que están comprometidos. Por eso el presidente ha dado instrucciones muy claras tanto al ministerio del Interior como al Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y a todo el gobierno para implementar las 26 medidas que fueron diseñadas para proteger a los líderes de las Farc que este mismo lunes volvieron a confirmar su compromiso de seguir en el proceso.
¿En términos estratégicos y operativos qué tan peligroso es este nuevo grupo que se acaba de conformar?
Hay que dimensionar esto bien. El anunció de Márquez de la alianza con el Eln es a su vez una muestra clara de debilidad militar y estratégica. De no ser así estaría anunciando la creación de un grupo autónomo. Vemos más bien un gran riesgo para el Eln pues ellos no necesitan a este grupo de las Farc en términos militares pero su imagen pública se verá de ahora en adelante asociada con esta facción.
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¿Qué mensaje le manda el gobierno tanto a la JEP como a la Fiscalía Nacional?
El gobierno considera inaplazable una decisión del la JEP para excluirlos de los beneficios de la justicia transicional. Su conducta ha sido clara y concluyente. Abiertamente reconocen la comisión de varios delitos como el alzarse en armas contra el estado.
En ese sentido consideramos que tanto la JEP como el Fiscal General, por tratarse de delitos nuevos, deben proceder con las órdenes de captura para que todo el poder del estado pueda actuar y llevar a estas personas ante la justicia.
El anunció de Márquez de la alianza con el Eln es a su vez una muestra clara de debilidad militar y estratégica
¿Pero no se supone que la JEP debe primero determinar que incumplieron los acuerdos de paz antes de que la Fiscalía pueda emitir órdenes de captura en su contra?
El mundo entero escuchó el reconocimiento de un delito tres años después de la firma del acuerdo de paz. Por eso creemos que la Fiscalía debe considerar ya emitir las órdenes de captura.
¿De qué delitos estamos hablando?
Varios. Rebelión, por supuesto, porque se habían comprometido a dejar las armas. Pero también el porte ilegal de armas, el concierto para delinquir y posiblemente narcotráfico pues se les investiga por actos cometidos con posterioridad a la firma de los acuerdos.
¿Pero cual sería el concepto jurídico que usaría la Fiscalía para emitir órdenes sin esperar un fallo de la JEP?
En derecho universal y el colombiano hay algo que se conoce como conducta concluyente. Ellos mismos lo están reconociendo. Por eso solicitamos que se considere esa posibilidad por que ellos, con su conducta, han quedado por fuera de los acuerdos.
¿Cuál cree que ha sido el papel del gobierno de Nicolás Maduro en el proceso de conformación de este grupo?
Ya el presidente Duque lo ha denunciado. El propio Santrich evadió su compromiso con la justicia huyendo hacia Venezuela. Es permanente la presencia de estas personas en el vecino país. Esto permite pensar con toda certeza que el régimen de Maduro facilita y tolera esta presencia y es algo que ya se ha visto también con el Eln que es ahora aliado de este nuevo grupo.
Por eso los que quieren justificar el alzamiento en armas están faltando a la verdad y no son objetivos y no le hacen bien al proceso.
Pero cómo piensan combatir a este grupo si, como dice, están refugiados en Venezuela?
Esa es la gran preocupación. Vemos que estos grupos sienten que están protegidos por este régimen ilegitimo y aprovechan esa tolerancia. Hacemos un llamado de nuevo para que Venezuela entrega a estos y otros del Eln que tienen circular roja de la Interpol. Hacemos ese mismo llamado a Cuba para que entregue a estas personas.
¿En ese sentido podría confirmar si es cierto que Iván Márquez y Jesús Santrich viajaron recientemente de Venezuela a Cuba y si Maduro les facilitó ese viaje?
Los organismos de inteligencia del país han confirmado que ese viaje efectivamente sucedió.
¿Qué le piden en estos momentos a la comunidad internacional?
Esperamos que Naciones Unidas apoyen la defensa de proceso de paz. Estas personas se han declarado enemigas de los acuerdos desafiando a Colombia y a una comunidad internacional que ha defendió los acuerdos.
Márquez, en el video, dice que se alzan en armas por que el gobierno ha incumplido los acuerdos y por el asesinato de miembros de su organización. ¿Qué tanta validez le da a esos argumentos?
Es un argumento basado en una falacia. El acuerdo fue diseñado, y por el propio Iván Márquez, para ser ejecutado en 12 años y nosotros llevamos solo uno. En ese año hemos avanzado el doble o el triple de lo que avanzó el gobierno anterior en 20 meses.
Por eso los que quieren justificar el alzamiento en armas están faltando a la verdad y no son objetivos y no le hacen bien al proceso pues es injusto decir que se ha fracasado cuando apenas estamos comenzando y el grueso de las Farc sigue respaldándolo.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington